Este jueves, el Juzgado de Garantía de Rancagua, en la región de O'Higgins, dictó prisión preventiva para cinco excarabineros detenidos por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal de Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto. Los acusados, que incluyen a tres cabos primero, un cabo segundo y un carabinero raso, se unen a un grupo de 28 imputados que ya enfrentan esta severa medida. Ante esto, durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, expuso que los cinco detenidos recibieron un pago adelantado de $300 mil como incentivo para colaborar en el robo. Si bien no participaron directamente en el atraco, su papel fue crucial en la planificación y la distracción de las fuerzas policiales. Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción y cooperan en situaciones específicas, afirmó Fuentes, quien subrayó que sin su intervención, el robo no se habría ejecutado con el mismo éxito. Además, uno de los cabos fue formalizado anteriormente por un intento de robo a las bodegas de Prosegur en Rancagua, donde se descubrió un túnel de 15 metros que apuntaba hacia la bóveda. Finalmente, la comunidad se encuentra consternada por la implicación de miembros de Carabineros en este delito, que pone en tela de juicio la confianza en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso.
A pocos días de la audiencia de formalización en la que la Fiscalía Centro Norte imputará al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por delitos omisivos relacionados con apremios ilegítimos durante el estallido social, su defensa ha jugado una última carta judicial para ganar tiempo. La estrategia, liderada por el abogado Jorge Martínez, incluye una solicitud para adelantar la audiencia de cautela de garantías antes de la formalización. Martínez, quien alegó problemas de salud, fue diagnosticado con una cardiopatía el 10 de septiembre, y se encuentra bajo tratamiento médico que podría extenderse por 90 días. Ante su imposibilidad de comparecer, los abogados defensores argumentan que el equipo que asumió su lugar necesita más tiempo para revisar los 1.500 tomos de la carpeta investigativa de la fiscalía. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ya rechazó una primera solicitud para reprogramar la formalización, fijada para el 1 de octubre, pero ha permitido la realización de la audiencia de cautela de garantías, la cual está agendada minutos antes del inicio de la formalización. La defensa del general ha pedido que esta audiencia se realice de manera anticipada para buscar una nueva postergación de la imputación de cargos. El futuro judicial del general Yáñez parece estar en juego mientras su periodo como director de Carabineros está programado para concluir el 19 de noviembre.
Este jueves, el Juzgado de Garantía de Rancagua, en la región de O'Higgins, dictó prisión preventiva para cinco excarabineros detenidos por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal de Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto. Los acusados, que incluyen a tres cabos primero, un cabo segundo y un carabinero raso, se unen a un grupo de 28 imputados que ya enfrentan esta severa medida. Ante esto, durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, expuso que los cinco detenidos recibieron un pago adelantado de $300 mil como incentivo para colaborar en el robo. Si bien no participaron directamente en el atraco, su papel fue crucial en la planificación y la distracción de las fuerzas policiales. Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción y cooperan en situaciones específicas, afirmó Fuentes, quien subrayó que sin su intervención, el robo no se habría ejecutado con el mismo éxito. Además, uno de los cabos fue formalizado anteriormente por un intento de robo a las bodegas de Prosegur en Rancagua, donde se descubrió un túnel de 15 metros que apuntaba hacia la bóveda. Finalmente, la comunidad se encuentra consternada por la implicación de miembros de Carabineros en este delito, que pone en tela de juicio la confianza en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso.
A pocos días de la audiencia de formalización en la que la Fiscalía Centro Norte imputará al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por delitos omisivos relacionados con apremios ilegítimos durante el estallido social, su defensa ha jugado una última carta judicial para ganar tiempo. La estrategia, liderada por el abogado Jorge Martínez, incluye una solicitud para adelantar la audiencia de cautela de garantías antes de la formalización. Martínez, quien alegó problemas de salud, fue diagnosticado con una cardiopatía el 10 de septiembre, y se encuentra bajo tratamiento médico que podría extenderse por 90 días. Ante su imposibilidad de comparecer, los abogados defensores argumentan que el equipo que asumió su lugar necesita más tiempo para revisar los 1.500 tomos de la carpeta investigativa de la fiscalía. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ya rechazó una primera solicitud para reprogramar la formalización, fijada para el 1 de octubre, pero ha permitido la realización de la audiencia de cautela de garantías, la cual está agendada minutos antes del inicio de la formalización. La defensa del general ha pedido que esta audiencia se realice de manera anticipada para buscar una nueva postergación de la imputación de cargos. El futuro judicial del general Yáñez parece estar en juego mientras su periodo como director de Carabineros está programado para concluir el 19 de noviembre.
