El tribunal consideró que el despido no estaba suficientemente justificado, ya que no se acreditó un riesgo grave para la seguridad ni la salud de los empleados. Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de un trabajador despedido de una faena minera tras dar positivo en un examen de alcoholemia. El trabajador, quien fue sometido a un control aleatorio el 2 de enero de 2023, arrojó un resultado de 0,08% de alcohol en su sangre y fue despedido al día siguiente por las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. Sin embargo, el tribunal consideró que no se logró probar que la conducta del trabajador representara un riesgo grave para la seguridad o salud de otros empleados o para el desarrollo de la faena en general. La instancia sostuvo que aunque el comportamiento del trabajador podría ser considerado “potencialmente riesgoso”, la empresa no presentó evidencia suficiente. Diario Constitucional No basta con constatar una conducta potencialmente riesgosa, es esencial que se acredite la gravedad del riesgo, señaló el fallo. En cuanto al marco legal, la Corte subrayó que la prohibición está claramente establecida en el Reglamento de Seguridad Minera. A pesar de ello, el tribunal determinó quela carta de despido no cumplía con los requisitos legales. A pesar declarar su despido como injustificado. Fuente: CNN Chile País
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes que el fisco deberá indemnizar a Miguel Ángel Beltrán Muñoz, detenido el 11 de septiembre de 1973 y torturado por agentes del Estado en la localidad de Choshuenco. La sentencia también contempla indemnizaciones para los hijos de Beltrán debido a la persecución sufrida por su familia. El fallo, dictado de manera unánime, establece una indemnización de $40 millones para Beltrán y $40 millones para sus hijos. Según lo documentado en la resolución, Miguel Ángel Beltrán fue detenido mientras se encontraba al cuidado de sus cuatro hijos, todos menores de edad en ese momento. El hombre fue retenido como rehén en el complejo maderero donde trabajaba, siendo trasladado posteriormente a un retén de Carabineros, donde fue sometido a torturas. La sentencia detalla que fue golpeado violentamente, electrocutado en distintas partes del cuerpo y amenazado con ser quemado vivo. Tras su liberación inicial, Beltrán fue obligado a correr 14 kilómetros hacia su hogar, perseguido por vehículos policiales. A pesar de haber sido liberado, continuó sufriendo persecuciones por parte del personal militar, quienes irrumpían violentamente en su domicilio durante la noche, lo amenazaban y, en varias ocasiones, lo detenían y torturaban nuevamente. Durante este período, sus hijos quedaron en completo desamparo. La Corte fundamentó su decisión en el daño moral infligido tanto a Beltrán como a su familia, quienes padecieron graves vulneraciones a sus derechos humanos. El tribunal subrayó que este caso refleja la magnitud de las violaciones cometidas durante la dictadura cívico-militar y la necesidad de reparación hacia las víctimas. Fuente del artículo original aquí Ver tweet original aquí Fuente: CNN Chile País
La acción judicial, dirigida a la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestiona los fundamentos de la reformalización, calificándola como una vulneración de derechos constitucionales, y busca la liberación de Barriga, quien lleva casi un mes recluida en la cárcel de San Miguel. Este lunes, la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, interpuso un recurso de amparo, solicitando dejar sin efecto la formalización que decretó prisión preventiva en su contra, el pasado 12 de noviembre, en el marco de la investigación por falsificación de documentos públicos y presunto fraude al Fisco durante su gestión en el municipio de la comuna. La acción judicial busca lograr que la Corte de Apelaciones de Santiago deje sin efecto la audiencia, y por ende la medida cautelar en su contra, para que lograr que la exjefa comunal sea liberada de la cárcel de San Miguel, en donde permanece desde hace casi un mes. El recurso de amparo, presentado por los abogados José Miguel Barahona y Cristóbal Bonacic, cuestiona la plausibilidad de la reformalización realizada en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando nuevas acciones a considerar. Lee también: Joaquín Lavín: “Creer que Cathy Barriga es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica” “La imputada Cathy Carolina Barriga Guerra, entre los años 2018 y 2021, informó falsamente a la Contraloría General de la República sobre el estado financiero –incluyendo el estado presupuestario – de la Municipalidad de Maipú, omitiendo gastos efectivamente ejecutados por cifras multimillonarias, e indicando que existía un equilibrio financiero, es decir ingresos capaces de cubrir los gastos anuales, lo cual no era efectivo”, sostuvo el documento judicial, según consignó Radio Biobío. Lo que solo constituiría el delito de falsificación de documentos públicos. Además, sostienen que los antecedentes expuestos en la reformalización del pasado 12 de noviembre no “constituye una modificación, complementación o precisión de hechos y delitos” acusado en la primera audiencia de formalización, hecha el 16 de enero de este año, por lo que calificaron la instancia como “ una perturbación, que amenaza a la libertad personal y seguridad establecida en el artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política de la República” Algo que busca ser “enmendado” por el amparo. Cabe recordar que la indagatoria también investiga al esposo de Barriga, el diputado Joaquín Lavín León, por su presunta implicancia en gestiones al interior del municipio que constituirían delitos Fuente: CNN Chile País
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes la prisión preventiva para Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, quien enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual. Monsalve, actualmente recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, apeló a la medida cautelar que le fue impuesta, argumentando que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no había fundamentado adecuadamente su decisión al considerarlo un “peligro para la sociedad.” En el fallo, la corte mantuvo la medida cautelar, que inicialmente fue aplicada por el Juzgado de Garantía tras la denuncia de una trabajadora de la Subsecretaría del Interior, quien acusó al exsubsecretario de abusos sexuales tras un encuentro ocurrido el 22 de septiembre de 2024. Los hechos habrían sucedido después de una salida a un restaurant peruano en el centro de Santiago. A pesar de haber sido trasladado al Centro Penitenciario de Rancagua en primera instancia, Monsalve fue reubicado en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber por razones de seguridad. En ese contexto, su defensa denunció amenazas por parte de Antonella Marchant, líder de una banda de narcotraficantes, mientras Monsalve se encontraba en el hospital penitenciario de Rancagua. A raíz de esta situación, solicitaron que el exsubsecretario pudiera cumplir la prisión preventiva en su domicilio, petición que fue rechazada por la Corte. Finalmente, el caso de Monsalve provocó su salida del cargo y su posterior formalización, mientras la fiscalía continúa investigando los hechos denunciados.
La defensa de Manuel Monsalve presentó este miércoles sus alegatos para revocar la prisión preventiva que pesa sobre el exsubsecretario, quien se encuentra recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras ser acusado de violación. El abogado Cristián Arias aseguró que “no se dan los presupuestos” para justificar la medida cautelar. En su exposición, destacó que los antecedentes del caso no acreditan la violación, argumentando que tanto Monsalve como la presunta víctima sufrieron un “blackout alcohólico” la noche de los hechos, lo que solo deja espacio para una sospecha, pero no certezas sobre un encuentro sexual. Ante esto, Arias también cuestionó los informes periciales presentados, señalando que los análisis sexológicos, bioquímicos y de ADN “no establecen evidencia suficiente” para confirmar un acceso carnal. Según el abogado, las muestras recogidas no permiten obtener conclusiones contundentes. Asimismo, el defensor añadió que el tribunal de garantía descartó riesgos como el peligro para la seguridad de la víctima o de la investigación, así como la posibilidad de fuga, por lo que calificó la prisión preventiva como una “pura anticipación de pena”. Finalmente, la defensa pidió rebajar la medida cautelar a arresto domiciliario total, insistiendo en que el Ministerio Público no podrá acreditar los hechos en juicio. La audiencia continúa con la intervención del Ministerio Público y la Corte de Apelaciones de Santiago aún no emite una resolución.
El tribunal consideró que el despido no estaba suficientemente justificado, ya que no se acreditó un riesgo grave para la seguridad ni la salud de los empleados. Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de un trabajador despedido de una faena minera tras dar positivo en un examen de alcoholemia. El trabajador, quien fue sometido a un control aleatorio el 2 de enero de 2023, arrojó un resultado de 0,08% de alcohol en su sangre y fue despedido al día siguiente por las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. Sin embargo, el tribunal consideró que no se logró probar que la conducta del trabajador representara un riesgo grave para la seguridad o salud de otros empleados o para el desarrollo de la faena en general. La instancia sostuvo que aunque el comportamiento del trabajador podría ser considerado “potencialmente riesgoso”, la empresa no presentó evidencia suficiente. Diario Constitucional No basta con constatar una conducta potencialmente riesgosa, es esencial que se acredite la gravedad del riesgo, señaló el fallo. En cuanto al marco legal, la Corte subrayó que la prohibición está claramente establecida en el Reglamento de Seguridad Minera. A pesar de ello, el tribunal determinó quela carta de despido no cumplía con los requisitos legales. A pesar declarar su despido como injustificado. Fuente: CNN Chile País
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes que el fisco deberá indemnizar a Miguel Ángel Beltrán Muñoz, detenido el 11 de septiembre de 1973 y torturado por agentes del Estado en la localidad de Choshuenco. La sentencia también contempla indemnizaciones para los hijos de Beltrán debido a la persecución sufrida por su familia. El fallo, dictado de manera unánime, establece una indemnización de $40 millones para Beltrán y $40 millones para sus hijos. Según lo documentado en la resolución, Miguel Ángel Beltrán fue detenido mientras se encontraba al cuidado de sus cuatro hijos, todos menores de edad en ese momento. El hombre fue retenido como rehén en el complejo maderero donde trabajaba, siendo trasladado posteriormente a un retén de Carabineros, donde fue sometido a torturas. La sentencia detalla que fue golpeado violentamente, electrocutado en distintas partes del cuerpo y amenazado con ser quemado vivo. Tras su liberación inicial, Beltrán fue obligado a correr 14 kilómetros hacia su hogar, perseguido por vehículos policiales. A pesar de haber sido liberado, continuó sufriendo persecuciones por parte del personal militar, quienes irrumpían violentamente en su domicilio durante la noche, lo amenazaban y, en varias ocasiones, lo detenían y torturaban nuevamente. Durante este período, sus hijos quedaron en completo desamparo. La Corte fundamentó su decisión en el daño moral infligido tanto a Beltrán como a su familia, quienes padecieron graves vulneraciones a sus derechos humanos. El tribunal subrayó que este caso refleja la magnitud de las violaciones cometidas durante la dictadura cívico-militar y la necesidad de reparación hacia las víctimas. Fuente del artículo original aquí Ver tweet original aquí Fuente: CNN Chile País
La acción judicial, dirigida a la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestiona los fundamentos de la reformalización, calificándola como una vulneración de derechos constitucionales, y busca la liberación de Barriga, quien lleva casi un mes recluida en la cárcel de San Miguel. Este lunes, la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, interpuso un recurso de amparo, solicitando dejar sin efecto la formalización que decretó prisión preventiva en su contra, el pasado 12 de noviembre, en el marco de la investigación por falsificación de documentos públicos y presunto fraude al Fisco durante su gestión en el municipio de la comuna. La acción judicial busca lograr que la Corte de Apelaciones de Santiago deje sin efecto la audiencia, y por ende la medida cautelar en su contra, para que lograr que la exjefa comunal sea liberada de la cárcel de San Miguel, en donde permanece desde hace casi un mes. El recurso de amparo, presentado por los abogados José Miguel Barahona y Cristóbal Bonacic, cuestiona la plausibilidad de la reformalización realizada en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando nuevas acciones a considerar. Lee también: Joaquín Lavín: “Creer que Cathy Barriga es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica” “La imputada Cathy Carolina Barriga Guerra, entre los años 2018 y 2021, informó falsamente a la Contraloría General de la República sobre el estado financiero –incluyendo el estado presupuestario – de la Municipalidad de Maipú, omitiendo gastos efectivamente ejecutados por cifras multimillonarias, e indicando que existía un equilibrio financiero, es decir ingresos capaces de cubrir los gastos anuales, lo cual no era efectivo”, sostuvo el documento judicial, según consignó Radio Biobío. Lo que solo constituiría el delito de falsificación de documentos públicos. Además, sostienen que los antecedentes expuestos en la reformalización del pasado 12 de noviembre no “constituye una modificación, complementación o precisión de hechos y delitos” acusado en la primera audiencia de formalización, hecha el 16 de enero de este año, por lo que calificaron la instancia como “ una perturbación, que amenaza a la libertad personal y seguridad establecida en el artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política de la República” Algo que busca ser “enmendado” por el amparo. Cabe recordar que la indagatoria también investiga al esposo de Barriga, el diputado Joaquín Lavín León, por su presunta implicancia en gestiones al interior del municipio que constituirían delitos Fuente: CNN Chile País
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes la prisión preventiva para Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, quien enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual. Monsalve, actualmente recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, apeló a la medida cautelar que le fue impuesta, argumentando que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no había fundamentado adecuadamente su decisión al considerarlo un “peligro para la sociedad.” En el fallo, la corte mantuvo la medida cautelar, que inicialmente fue aplicada por el Juzgado de Garantía tras la denuncia de una trabajadora de la Subsecretaría del Interior, quien acusó al exsubsecretario de abusos sexuales tras un encuentro ocurrido el 22 de septiembre de 2024. Los hechos habrían sucedido después de una salida a un restaurant peruano en el centro de Santiago. A pesar de haber sido trasladado al Centro Penitenciario de Rancagua en primera instancia, Monsalve fue reubicado en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber por razones de seguridad. En ese contexto, su defensa denunció amenazas por parte de Antonella Marchant, líder de una banda de narcotraficantes, mientras Monsalve se encontraba en el hospital penitenciario de Rancagua. A raíz de esta situación, solicitaron que el exsubsecretario pudiera cumplir la prisión preventiva en su domicilio, petición que fue rechazada por la Corte. Finalmente, el caso de Monsalve provocó su salida del cargo y su posterior formalización, mientras la fiscalía continúa investigando los hechos denunciados.
La defensa de Manuel Monsalve presentó este miércoles sus alegatos para revocar la prisión preventiva que pesa sobre el exsubsecretario, quien se encuentra recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras ser acusado de violación. El abogado Cristián Arias aseguró que “no se dan los presupuestos” para justificar la medida cautelar. En su exposición, destacó que los antecedentes del caso no acreditan la violación, argumentando que tanto Monsalve como la presunta víctima sufrieron un “blackout alcohólico” la noche de los hechos, lo que solo deja espacio para una sospecha, pero no certezas sobre un encuentro sexual. Ante esto, Arias también cuestionó los informes periciales presentados, señalando que los análisis sexológicos, bioquímicos y de ADN “no establecen evidencia suficiente” para confirmar un acceso carnal. Según el abogado, las muestras recogidas no permiten obtener conclusiones contundentes. Asimismo, el defensor añadió que el tribunal de garantía descartó riesgos como el peligro para la seguridad de la víctima o de la investigación, así como la posibilidad de fuga, por lo que calificó la prisión preventiva como una “pura anticipación de pena”. Finalmente, la defensa pidió rebajar la medida cautelar a arresto domiciliario total, insistiendo en que el Ministerio Público no podrá acreditar los hechos en juicio. La audiencia continúa con la intervención del Ministerio Público y la Corte de Apelaciones de Santiago aún no emite una resolución.
