El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
En una reciente actividad junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró su llamado a avanzar en el levantamiento del secreto bancario como parte del proyecto de ley de inteligencia económica. Este proyecto, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo fortalecer el seguimiento de la ruta del dinero del crimen organizado en el país. Monsalve destacó la importancia de mantener en reserva los datos de las investigaciones para asegurar su éxito, enfatizando que es un ejemplo de que la información no se usa para hacer noticia; la información se usa para que el Ministerio Público y las policías puedan hacer una investigación que tienen que ser reservadas, que tienen que ser secretas. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. El subsecretario subrayó que el reciente caso de la detención de cinco ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, implicados en el almacenamiento de drogas en Santiago, ilustra la efectividad de privar a los criminales de su patrimonio como método para combatir el crimen organizado. El secreto bancario hay que mejorarlo, declaró Monsalve, reafirmando su posición en medio del debate público generado por recientes controversias con autoridades locales, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. En respuesta a acusaciones sobre supuestos vínculos de financiamiento narco en la política, Monsalve sugirió que cualquier imputación debería ir acompañada de un levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades implicadas.
En un impactante giro de los acontecimientos, Hugo Bustamante, condenado por el brutal asesinato de Ámbar Cornejo, confesó a la periodista Ivonne Toro su participación en los homicidios de Elena Hinojosa y Eduardo Páez cometidos en 1996. Estas revelaciones surgieron durante una serie de entrevistas en el penal de Rancagua, donde Toro investigaba para su libro La Niña Ámbar. Según Ivonne Toro, quien visitó al criminal en repetidas ocasiones, Bustamante nunca mostró arrepentimiento por sus actos.A él no le pasaba nada, lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto , sin que, ojalá, no encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona , comentó Toro a Meganoticias Alerta, declaración revisada en el programa Mucho Gusto. Durante seis entrevistas, Bustamante fue interrogado por Toro sobre su culpabilidad y posibles crímenes anteriores. “Se lo pregunté directamente: ‘¿Tenías culpa?’ No, solo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver” , afirmó Toro, quien notó que Bustamante siempre evadía cualquier signo de remordimiento. La relación entre la periodista y el criminal evolucionó hasta un punto de confianza tal que Bustamante se autodenominó psicópata. “Soy un psicópata. Yo estoy frente al espejo, me miro y digo soy un psicópata” , confesó a Toro. Fue en una de estas conversaciones que Bustamante ofreció lo que él llamó un “regalo” a la periodista: la confesión de dos homicidios adicionales. “Me has conmovido, te tengo un regalo... Antes de que yo diga nada, me dice: ‘sobre tu pregunta, anote’ y me dio estos dos nombres. ¡Fue súper impactante!” , relató Toro. Sin embargo, Bustamante se negó a proporcionar más detalles sobre estos crímenes, lo que no impidió que Toro, a través de su persistente investigación, lograra identificar a las víctimas.
La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios , con el fin de constatar el destino de los mismos. Así como la existencia de eventuales delitos por el uso de los dineros, la falta de rendición o devolución al Gore. Tras tomar conocimiento de los hechos a través de distintos medios de comunicación, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de esta pesquisa, la cual será dirigida por el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela. Como parte de las primeras acciones, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Frente a la evental comisión de delitos en este caso, Castro Bekios explica de ser esto así se va establecer una investigación con el objeto de esclarecer cuál podría ser la eventual figura penal aplicable en el caso de ser esto así. Y por cierto, indagar la participación de los presuntos responsables. LEE TAMBIÉN: Venga a ordenar la casa: Diputada Ahumada exige presencia de ministro Montes Cuña fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios:
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
En una reciente actividad junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró su llamado a avanzar en el levantamiento del secreto bancario como parte del proyecto de ley de inteligencia económica. Este proyecto, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo fortalecer el seguimiento de la ruta del dinero del crimen organizado en el país. Monsalve destacó la importancia de mantener en reserva los datos de las investigaciones para asegurar su éxito, enfatizando que es un ejemplo de que la información no se usa para hacer noticia; la información se usa para que el Ministerio Público y las policías puedan hacer una investigación que tienen que ser reservadas, que tienen que ser secretas. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. El subsecretario subrayó que el reciente caso de la detención de cinco ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, implicados en el almacenamiento de drogas en Santiago, ilustra la efectividad de privar a los criminales de su patrimonio como método para combatir el crimen organizado. El secreto bancario hay que mejorarlo, declaró Monsalve, reafirmando su posición en medio del debate público generado por recientes controversias con autoridades locales, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. En respuesta a acusaciones sobre supuestos vínculos de financiamiento narco en la política, Monsalve sugirió que cualquier imputación debería ir acompañada de un levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades implicadas.
En un impactante giro de los acontecimientos, Hugo Bustamante, condenado por el brutal asesinato de Ámbar Cornejo, confesó a la periodista Ivonne Toro su participación en los homicidios de Elena Hinojosa y Eduardo Páez cometidos en 1996. Estas revelaciones surgieron durante una serie de entrevistas en el penal de Rancagua, donde Toro investigaba para su libro La Niña Ámbar. Según Ivonne Toro, quien visitó al criminal en repetidas ocasiones, Bustamante nunca mostró arrepentimiento por sus actos.A él no le pasaba nada, lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto , sin que, ojalá, no encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona , comentó Toro a Meganoticias Alerta, declaración revisada en el programa Mucho Gusto. Durante seis entrevistas, Bustamante fue interrogado por Toro sobre su culpabilidad y posibles crímenes anteriores. “Se lo pregunté directamente: ‘¿Tenías culpa?’ No, solo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver” , afirmó Toro, quien notó que Bustamante siempre evadía cualquier signo de remordimiento. La relación entre la periodista y el criminal evolucionó hasta un punto de confianza tal que Bustamante se autodenominó psicópata. “Soy un psicópata. Yo estoy frente al espejo, me miro y digo soy un psicópata” , confesó a Toro. Fue en una de estas conversaciones que Bustamante ofreció lo que él llamó un “regalo” a la periodista: la confesión de dos homicidios adicionales. “Me has conmovido, te tengo un regalo... Antes de que yo diga nada, me dice: ‘sobre tu pregunta, anote’ y me dio estos dos nombres. ¡Fue súper impactante!” , relató Toro. Sin embargo, Bustamante se negó a proporcionar más detalles sobre estos crímenes, lo que no impidió que Toro, a través de su persistente investigación, lograra identificar a las víctimas.
La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio respecto a recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta, como parte del programa Más Vivienda y Mejores Barrios , con el fin de constatar el destino de los mismos. Así como la existencia de eventuales delitos por el uso de los dineros, la falta de rendición o devolución al Gore. Tras tomar conocimiento de los hechos a través de distintos medios de comunicación, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de esta pesquisa, la cual será dirigida por el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela. Como parte de las primeras acciones, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Frente a la evental comisión de delitos en este caso, Castro Bekios explica de ser esto así se va establecer una investigación con el objeto de esclarecer cuál podría ser la eventual figura penal aplicable en el caso de ser esto así. Y por cierto, indagar la participación de los presuntos responsables. LEE TAMBIÉN: Venga a ordenar la casa: Diputada Ahumada exige presencia de ministro Montes Cuña fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios:
