Este miércoles, la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Gobierno, solicitó la inhabilitación del juez Ponciano Sallés durante la audiencia de cautela de garantía llevada a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado Cristian Arias, representante de Monsalve, argumentó que el magistrado ya se había pronunciado sobre la legalidad de la incautación de un cuarto celular que actualmente está bajo custodia del tribunal, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso. Ante esto, Arias comenzó su intervención con una respetuosa pero firme petición:Solicitamos la inhabilidad del magistrado, mencionando que la incautación del dispositivo ha sido objeto de controversia, ya que el Ministerio Público decidió no realizar peritajes sobre el celular. La defensa había cuestionado previamente la legalidad de esta acción. Asimismo, el abogado señaló que la discusión se centra en dos puntos clave: la legalidad de la orden de incautación y la posibilidad de que el celular contenga pruebas relevantes según la ley. Sin embargo, según Arias, el juez Sallés ya se había pronunciado sobre la legalidad de la orden, lo que a su entender “anula la posibilidad de volver a debatir este aspecto”, y planteó que esto podría ser una causal para que el juez se inhabilite en el caso.
Este miércoles comenzó la audiencia de cautela de garantías en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se están evaluando los primeros elementos clave del proceso judicial contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La instancia fue solicitada por la defensa del acusado, y en ella se ha revelado un dato relevante: Monsalve prestó declaración ante las autoridades el 15 de octubre, un día después de que fuera denunciado por violación. Ante esto, la defensa de Monsalve, representada por María Inés Horvitz, inicialmente negó que su cliente hubiese prestado una primera declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, el abogado Cristian Arias confirmó la declaración, junto con la entrega del primer teléfono celular del exsubsecretario ese mismo día. Asimismo, la denuncia por violación fue presentada el 14 de octubre en la Fiscalía Centro Norte por parte de la víctima. Durante la audiencia, también se discutió el acceso a la carpeta investigativa y la precisión de los hechos. Además, se espera que el Ministerio Público solicite autorización para periciar un cuarto celular de Monsalve, que fue encontrado durante las diligencias recientes. Finalmente, esta audiencia marca un paso crucial en el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la denuncia y el grado de participación de Monsalve en los hechos investigados.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido no aceptar la solicitud de la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para reprogramar la audiencia de formalización en su contra. El juez Freddy Cubillos confirmó que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llevará a cabo la formalización el próximo 1 de octubre, donde Yáñez enfrenta cargos por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social. La defensa, encabezada por el abogado Jorge Martínez, argumentó la necesidad de más tiempo para preparar el caso; sin embargo, el tribunal desestimó su petición. Según las disposiciones del Gobierno, Yáñez deberá abandonar su cargo antes de ser formalizado, lo que significa que no completará su período hasta el 19 de noviembre, cuando estaba previsto su retiro. Finalmente, una de las últimas apariciones públicas de Yáñez fue en la pasada Parada Militar en el Parque O'Higgins, donde expresó que tiene claro el momento en que se retirará, aunque por ahora sigue en funciones.
En la mañana de este miércoles, BancoEstado dio a conocer detalles sobre una querella presentada por delitos informáticos, lavado de activos y asociación ilícita, tras la supuesta manipulación de sistemas informáticos por parte de una empresa privada proveedora de tecnología. De acuerdo con el comunicado oficial del banco, la empresa acusada habría colaborado con un extrabajador del banco desde 2021 para manipular los sistemas informáticos, obteniendo beneficios económicos que generaron un perjuicio superior a $6 mil millones. El banco detectó los hechos graves a través de revisiones regulares realizadas por su Contraloría interna. En la misiva, se explica que la empresa proveedora y el extrabajador manipularon el sistema para obtener beneficios económicos de manera indebida. Luego de identificar el presunto delito, el 24 de julio se presentó una denuncia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Posteriormente, el 2 de septiembre, se presentó una querella formal ampliando la denuncia a delito informático, lavado de activos y asociación ilícita, con un monto total involucrado de $6.100 millones. BancoEstado aseguró que las cuentas, fondos y datos de sus clientes no se han visto afectados y están bajo total resguardo, garantizando que no ha habido ni habrá impacto en sus clientes.
Este miércoles, la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Gobierno, solicitó la inhabilitación del juez Ponciano Sallés durante la audiencia de cautela de garantía llevada a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado Cristian Arias, representante de Monsalve, argumentó que el magistrado ya se había pronunciado sobre la legalidad de la incautación de un cuarto celular que actualmente está bajo custodia del tribunal, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso. Ante esto, Arias comenzó su intervención con una respetuosa pero firme petición:Solicitamos la inhabilidad del magistrado, mencionando que la incautación del dispositivo ha sido objeto de controversia, ya que el Ministerio Público decidió no realizar peritajes sobre el celular. La defensa había cuestionado previamente la legalidad de esta acción. Asimismo, el abogado señaló que la discusión se centra en dos puntos clave: la legalidad de la orden de incautación y la posibilidad de que el celular contenga pruebas relevantes según la ley. Sin embargo, según Arias, el juez Sallés ya se había pronunciado sobre la legalidad de la orden, lo que a su entender “anula la posibilidad de volver a debatir este aspecto”, y planteó que esto podría ser una causal para que el juez se inhabilite en el caso.
Este miércoles comenzó la audiencia de cautela de garantías en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se están evaluando los primeros elementos clave del proceso judicial contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La instancia fue solicitada por la defensa del acusado, y en ella se ha revelado un dato relevante: Monsalve prestó declaración ante las autoridades el 15 de octubre, un día después de que fuera denunciado por violación. Ante esto, la defensa de Monsalve, representada por María Inés Horvitz, inicialmente negó que su cliente hubiese prestado una primera declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, el abogado Cristian Arias confirmó la declaración, junto con la entrega del primer teléfono celular del exsubsecretario ese mismo día. Asimismo, la denuncia por violación fue presentada el 14 de octubre en la Fiscalía Centro Norte por parte de la víctima. Durante la audiencia, también se discutió el acceso a la carpeta investigativa y la precisión de los hechos. Además, se espera que el Ministerio Público solicite autorización para periciar un cuarto celular de Monsalve, que fue encontrado durante las diligencias recientes. Finalmente, esta audiencia marca un paso crucial en el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la denuncia y el grado de participación de Monsalve en los hechos investigados.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido no aceptar la solicitud de la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para reprogramar la audiencia de formalización en su contra. El juez Freddy Cubillos confirmó que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llevará a cabo la formalización el próximo 1 de octubre, donde Yáñez enfrenta cargos por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social. La defensa, encabezada por el abogado Jorge Martínez, argumentó la necesidad de más tiempo para preparar el caso; sin embargo, el tribunal desestimó su petición. Según las disposiciones del Gobierno, Yáñez deberá abandonar su cargo antes de ser formalizado, lo que significa que no completará su período hasta el 19 de noviembre, cuando estaba previsto su retiro. Finalmente, una de las últimas apariciones públicas de Yáñez fue en la pasada Parada Militar en el Parque O'Higgins, donde expresó que tiene claro el momento en que se retirará, aunque por ahora sigue en funciones.
En la mañana de este miércoles, BancoEstado dio a conocer detalles sobre una querella presentada por delitos informáticos, lavado de activos y asociación ilícita, tras la supuesta manipulación de sistemas informáticos por parte de una empresa privada proveedora de tecnología. De acuerdo con el comunicado oficial del banco, la empresa acusada habría colaborado con un extrabajador del banco desde 2021 para manipular los sistemas informáticos, obteniendo beneficios económicos que generaron un perjuicio superior a $6 mil millones. El banco detectó los hechos graves a través de revisiones regulares realizadas por su Contraloría interna. En la misiva, se explica que la empresa proveedora y el extrabajador manipularon el sistema para obtener beneficios económicos de manera indebida. Luego de identificar el presunto delito, el 24 de julio se presentó una denuncia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Posteriormente, el 2 de septiembre, se presentó una querella formal ampliando la denuncia a delito informático, lavado de activos y asociación ilícita, con un monto total involucrado de $6.100 millones. BancoEstado aseguró que las cuentas, fondos y datos de sus clientes no se han visto afectados y están bajo total resguardo, garantizando que no ha habido ni habrá impacto en sus clientes.
